Nicolás Brito Grandes

Soy un electricista curioso que nunca se queda con la duda

Solidaridad con los habitantes de Dayuma

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Guayaquil, 5 de Diciembre de 2007.

DERECHOS HUMANOS: UN MITO EN EL GOBIERNO DE CORREA

El 3 de diciembre del presente año me llegó una carta, bajo el título arriba señalado,  vía correo electrónico del Comité de DDHH de Francisco de Orellana,  comisionprensaorellana@yahoo.com Teléfono 06 2 881 633, en el que denuncian:

El 1 de Diciembre fueron trasladados al Tena los campesinos privados de su libertad y torturados desde el 30 de Noviembre por las FFAA, en cumplimiento de Estado de Emergencia decretado  por el presidente Correa; los detenidos no fueron escuchados por ningún Juez ni Fiscal; tampoco fue acatada la boleta de libertad emitida por la Alcaldesa de Francisco de Orellana, Ana Rivas, a través de un Habeas Corpus. Los detenidos no fueron valorados por peritos médicos legales y no se les suministró ningún tipo de atención especial aunque mostraban evidentes señales de tortura y maltrato.

El 2 de diciembre fueron puestos en libertad tres menores de edad; dos de ellos residentes en Esmeraldas que visitaban a familiares en Dayuma, y fueron sacados de su casa por militares, golpeados y detenidos. El menor Ángel Jiménez y Marco Fredy Ugsha habían llegado desde hace 8 días desde Cotopaxi, contratados la Dra. Vilma Ramírez para la construcción de su vivienda y fueron golpeados, insultados y retenidos.

Agregan que “Seguramente a ellos hará referencia el Ministro de Defensa, Wellington Sandoval, durante la rueda de prensa conjunta con el Ministro de Gobierno (e), Fernando Bustamante, en el Palacio de Gobierno cuando dicen: las FF AA actuaron con versatilidad y profesionalismo. Así que son exageraciones, en el sentido de que fueron maltratados”. “O posiblemente harán referencia a los compañeros torturados, o a la precaria situación de salud del señor Arturo Moya recluido en el Hospital Civil de Orellana desde el sábado producto de los golpes recibidos por los militares, o a los menores de edad que se encontraban escondidos en la montaña atemorizados al ser amenazados por militares de ser asesinados, detenidos o maltratados si no se iban de la cabecera parroquial; o a las mujeres que denuncian que cuando los militares entraban a sus casas destruían sus enseres, robaban dinero, comida, celulares y maltrataban física y sicológicamente de manera indiscriminada a la población”.

Señalan que la Corte Interamericana de DD HH reconoce al Habeas Corpus como una garantía que no debe ser suspendida, aún cuando se haya declarado el estado de emergencia, porque su función es evitar los excesos de poder y no sólo controlar la legalidad de la detención, sin olvidar la integridad física y hasta la vida de las personas detenidas. Y que la Comisión Interamericana de DD HH ha reconocido que Ecuador tiene una larga historia de declaraciones de estados de emergencia, dictados para paliar problemas tanto sociales como económicos, así como la delincuencia. En 1998 la Comisión recomendó a Ecuador que no recurriera a la invocación de un estado de emergencia para combatir este tipo de problemas.

Edwin Oswaldo Valladolid, en una denuncia que presentó en la Fiscalía de Orellana, señala: “En el interior de la garita continuaron interrogándome y agrediéndome verbal y físicamente diciendo que les dé los datos que yo tenia y que si no entregaba la cámara no sabían que me iba a pasar; yo les decía que era defensor de DDHH y ellos se empezaron a reír. Yo tenia las manos amarradas con unas ligas de caucho en ese momento me pusieron una capucha y un pasamontañas y un poncho para que no se me reconociera y me obligaron a patadas y empujones a subirme a un carro. Después de un rato les dije que me dejaran ir ya que no tenía ninguna otra información y al fin me dijeron que sea la primera y última vez que ande tomando fotografías y que si me encontraban de nuevo me iban a encerrar por terrorista; dejándome libre sobre las 11.30 horas”.

Para conocer el motivo del reclamo de los pobladores de la parroquia Dayuma basta con recordar las palabras del Ministro de Defensa Wellington Sandoval “Nosotros no podemos consentir que a pretexto de que falte la electricidad y otros servicios básicos, en los cuales estamos trabajando, se destruya o amenace el sistema petrolero que pertenece a todos los ecuatorianos y ecuatorianas”.

MORALEJA: En Ecuador tu vida y tus bienes peligran si exiges que se respeten tus derechos “a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios” consagrados en la Constitución vigente y en los Acuerdos Internacionales.

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Written by Nicolás Brito Grandes

5 diciembre, 2007 a 18:14

Publicado en Noticias y política

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