Nicolás Brito Grandes

Soy un electricista curioso que nunca se queda con la duda

Amnistía Aberrante

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COMITÉ DE CLIENTES DEL BANCO DEL PROGRESO
Luchemos Juntos por el Respeto de Nuestros Derechos
 
Guayaquil, 16 de Enero de 2008.
 
“Tumba (roba) aquí lo que tú quieras que mi primo es policía”
Juanito Alimaña
 Jurídicamente no procede el pedido de amnistía ordenado ayer, por el presidente Rafael Correa, a sus asambleístas. Es INACEPTABLE que baste con ser afecto al gobierno para que se disponga la impunidad del perjuicio al patrimonio de la AGD  realizada por varios de sus Gerentes Generales.
 
RESUMEN DE LA DENUNCIA CONTRA LA DRA. WILMA SALGADO TAMAYO
 
La denuncia la presenté el 13 de agosto del año 2003. El 16 de Mayo del 2003, la economista Salgado, en su calidad de Gerente General de la AGD, contrató con al Dr. Bolívar González el cobro la Cartera de esa entidad pública, se acordó un pago por honorarios del 3% de lo que recaude. El contrato se lo celebró de manera directa, se lo elaboró en dos hojas de papel simple, sin haber sido aprobado por el Directorio de la AGD y sin los informes favorables de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General  del Estado
Hasta la fecha de la denuncia los pagos por honorarios eran de 1’263.225 dólares y estaba listo un pago por 2’600.000 dólares en Certificados de Depósitos. Pero las recuperaciones totales llegaban  apenas a 11’231.864,29 dólares, por lo que sólo debió pagar 336.956 dólares.
En el Informe de Labores del 22 de marzo del 2004, página 28, la Dra. Salgado señaló: Que su administración realizó la gestión de recuperación de la EEE y de Electroecuador, lo que significa una recuperación de alrededor de 400 millones de dólares, pero como se ha realizado todavía el avalúo, temporalmente contabilizan 100 millones de dólares. Esto es contradictorio con el oficio No. 136 del 29 de Mayo del 2003, que en referencia al fideicomiso extranjero propietario de ambas empresas, la Eco. Salgado remitió al Administrador Temporal del Banco del Progreso, donde dispuso que “Conforme con las negociaciones efectuadas por Usted….y, el Fideicomiso PDT…solicito que se sirva suscribir el convenio de Cesión, Transferencia y Subrogación”; con esto la Dra. Salgado reconoció la gestión que sobre este tema ya se había realizado y que solamente faltaba suscribir el convenio para que ambas empresas pasen a ser propiedad de la AGD; sin  embargo, a última hora ordenó que se suspenda el viaje. Con esta viveza se adjudicó un pago de 3 millones por haber “recuperado” 100 millones de dólares de la EEE y Electroecuador.
 
RESUMEN DE LA DENUNCIA CONTRA EL CRNEL. CARLOS ARBOLEDA HEREDÍA.
(Información tomada de varios diarios del país)
 
La AGD ganó en varias instancias el juicio 103-2002 que por 980 millones de dólares sigue contra el Dr. Fernando Aspiazu. Las investigaciones determinaron: Que el coronel Arboleda, como Gerente General de la AGD, el 17 de septiembre del 2004, contrató en 3’266.000 dólares y sin convocatoria pública (A DEDO), a un abogado para que continúe con el juicio, de este valor se efectivizó 2’677.752 dólares por haber presentado sólo UN escrito de una sola hoja útil “después de haberse dictado, leído y notificado la sentencia, por lo que fue inoficiosa esta acción y no aportó nada en el proceso”.
La denuncia se basó en un informe de la C.C.C.C., y fue presentada por la Dra. Alejandra Cantos, quien explicó: Hemos declarado unilateralmente terminados dichos contratos y  no pagaré un solo centavo. A más de ser irresponsable, parece más bien una “viveza” y el país debe saberlo.
La orden de prisión fue emitida por el Juez Segundo de lo Penal del Guayas, el 23 de mayo del 2005. Cuando el coronel Arboleda  fue capturado, el 13 de julio del 2005, manifestó: Que hay personas que lo intentan matar, pero no lo conseguirán porque “Soy inmortal, porque Dios me protege”. Sobre este caso, la Dra. Alejandra Cantos interpuso una demanda civil por 5’000.000 dólares. En su Informe de Gestión el coronel Arboleda aseguró que ha ganado un juicio por daños y perjuicios, al Dr. Fernando Aspiazu, por 442’000.000 millones de dólares.
 
RESUMEN DE LA DENUNCIA CONTRA LA DRA. ALEJANDRA CANTOS MOLINA.
 
La denuncia la presenté, el 27 de mayo del 2005. Me fundamenté en el Informe Final de Labores de la Dra. Gioconda Guayasamín, Administradora Temporal de las IFI’s de la Sierra.
No denuncié un cambio de asientos contables, sino el perjuicio irreversible de más de 16’000.000 al patrimonio del Banco de Préstamos en Saneamiento, lo que configura el delito penal tipificado como PECULADO.
Se levantó la hipoteca sobre las Bodegas Parkenor, que garantizaba un crédito vinculado de 5’000.000 de dólares otorgado por el Banco de Préstamos Cayman el 4 de diciembre de 1997.
El Ing. Alejandro Peñafiel se benefició directamente de lo denunciado, porque él había negociado las Bodegas Parkenor y al estar hipotecadas no podía entregar los títulos de propiedad a los promitentes compradores.
Con el levantamiento del gravamen el Banco de Préstamos en Saneamiento jamás podrá recuperar el crédito que garantizaba el bien liberado.
 
CONCLUSIÓN.
 
La Constitución Política vigente, en su artículo 130 numeral 15, prescribe que el Congreso Nacional podrá conceder amnistías generales por delitos políticos, e indultos por delitos comunes. No se concederá el indulto por delitos cometidos contra la administración pública. En ambos casos, la decisión se justificará cuando medien motivos humanitarios.
 
La Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que: INDULTO es el perdón, rebaja o conmutación de la pena impuesta por sentencia judicial ejecutoriada, se lo concede por decreto legislativo. El Congreso Nacional tramitará el decreto de indulto a petición del condenado, o de otros interesados, siempre que lo justifique algún motivo trascendental. (Art. 105). La AMNISTÍA la decretará el Congreso Nacional por delitos políticos, siempre que lo justifique algún motivo trascendental. (Art. 108).
 
Las dos denuncias que presenté fueron tramitadas siguiendo el debido proceso, al igual que la denuncia presentada por la Dra. Alejandra Cantos. En los tres casos se trata de delitos penales plenamente comprobados, no hay delito político.
 
RECHAZAMOS esta amnistía aberrante promovida por el gobierno del Siglo XXI, porque es igual a lo que en 1935 evidenciara Enrique Santos Discépolo:
 
“Siglo XX cambalache cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón”.
 
Por el Comité.
 
Nicolás Brito Grandes
PRESIDENTE

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Written by Nicolás Brito Grandes

16 enero, 2008 a 10:53

Publicado en Noticias y política

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