Nicolás Brito Grandes

Soy un electricista curioso que nunca se queda con la duda

Samán no reportó

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EL COMERCIO

 

9 de abril de 2008

 

Campaña: Samán no reportó USD 487.848

 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) conserva bajo siete llaves un documento único: el reexamen sobre el informe final que analiza las cuentas de campaña -de la segunda vuelta- del binomio Rafael Correa-Lenin Moreno.

 

Según ese documento, que confirma íntegramente el primer informe, se detectaron  irregularidades graves, entre ellas: donaciones no reportadas, exceso en el gasto electoral, ocultamiento del origen de los aportes. La sanción –según las leyes vigentes- llegaría hasta la pérdida de las respectivas dignidades del binomio presidencial.

 

El 25 de septiembre del 2007, la Unidad de Control y Propaganda Electoral (UCPE) entregó oficialmente el reexamen al Pleno del TSE. Esa entidad hasta ahora no emite ningún pronunciamiento; sin embargo, ya hubo una baja: Fabricio Fantoni Velasco, firmante del informe como director de la Unidad, renunció el 4 de marzo, por causas personales. Él  fue nombrado por el Pleno.

 

EL COMERCIO accedió al documento de 45 páginas. Una de las principales conclusiones es que el expediente de cuentas no registró todos los movimientos contables realizados. “El Tesorero Único de Campaña, en el oficio No. 0702, suministra información que no es real”, señala. Además, no se reportaron todos los ingresos, “por lo que se configura el ocultamiento de información en la rendición de cuentas”. La sanción para esta infracción se determina en el artículo 17 de la Ley de Control del Gasto Electoral.

 

“Deberán reportarse todos los gastos electorales, aun si estos fueren contratados con anterioridad a la convocatoria a las elecciones. Quien infringiere esta disposición será descalificado de la dignidad para la cual fue electo (…)”.

 

Según el reexamen, la responsabilidad en este caso es solidaria e indivisible para Camilo Samán y para el binomio Correa-Moreno.

 

Pero hay más. Pese a la prohibición legal expresa, los ingresos reportados ($ 665.258) se manejaron en efectivo, por lo cual “no se puede verificar su origen lícito o ilícito”. Es más, todos esos fondos se depositaron entre diciembre del 2006  y enero del 2007, cuando  Correa ya había ganado las elecciones presidenciales. 

 

En los expedientes de cuentas presentados al TSE, Samán, entonces tesorero de campaña, tampoco reportó $ 487.848 depositados en la cuenta electoral del Banco de Machala, entre el 16 de  octubre y el 17 de noviembre del 2006. La Unidad descubrió este faltante, luego de solicitar los estados de cuenta al Banco de Machala y cruzarlos con la liquidación del fondo del partido de Gobierno. Es decir, esos fondos se ocultaron, desconociéndose hasta el momento su procedencia. 

 

El presidente del TSE, Jorge Acosta, al ser consultado por este Diario, dice que el reexamen no estaba listo, pues la Unidad  espera la comparecencia de Samán. Él ha sido citado más de cinco veces, desde que se inició la revisión de las cuentas, el 14 de junio, y sigue sin acudir. Y ante los requerimientos de este Diario, el tesorero de la campaña de Correa se rehusó a pronunciarse. 

 

El ex presidente del TSE, Carlos Aguinaga, está extrañado por la pasividad del organismo electoral en este caso. “La ley establece plazos para juzgar las cuentas de campaña. Una vez que se expide el informe final se notifica al movimiento. Si este impugna, se le concede 15 días para que conteste. Si no lo hace, igual, se juzga en rebeldía y se dicta la resolución que corresponda. Las cuentas deben juzgarse”. ¿Dónde está entonces -se pregunta el ex presidente del TSE-  la calidad del juzgador? 

 

El 29 de agosto del año pasado, el Pleno del TSE ya trató el “informe final” del examen de cuentas de la campaña Correa-Moreno, también elaborado por la UCPE.

 

En esa sesión adoptó la resolución PLE-TSE-5-29-8-2007, en la cual se establece que la Alianza Movimiento Patria Altiva y Soberana – Partido Socialista Frente Amplio, de las listas 35-17, se excedió en el gasto electoral (cuyo límite era $ 687.068), por lo cual le multó con  $ 965.843.

 

El 4 de septiembre, el Pleno del TSE expidió una resolución que ordena un reexamen de las cuentas de campaña de la segunda vuelta. Hubo una razón que el TSE  cree esencial: que el informe final fue impugnado por el tesorero Samán, quien se apresta a dejar la Gobernación del Guayas para ir a un nuevo cargo en la CFN. 

 

El reexamen, elaborado por los asesores de la UCPE Terencio Arteaga (hoy director encargado de la Unidad) y Édgar Lafebre, fue entregado a fines de septiembre a los vocales del TSE: Jorge Acosta, René Maugé, Hernán Rivadeneira, Pedro Valverde, Elsa Bucaram, Andrés León, Andrés Luque.

 

La figura jurídica del reexamen no existe en la actual Ley Electoral; solo cabe el recurso de revisión, en caso de que existan indicios de contribuciones ilícitas  que excedan los límites del gasto y por petición o denuncia por falsedad de datos. El vocal Hernán Rivadeneira admite que el reexamen no existe como figura legal. “Pero, con  base en los convenios internacionales humanitarios,  debe permitirse una segunda oportunidad, porque un caso no puede cerrarse sin que   den al inculpado la posibilidad de defenderse”.   

 

Para su investigación, la Unidad de Gasto  analizó estos documentos: liquidación de los fondos de la campaña de gobierno, el balance general, estado de resultados, balance de comprobación, libro de entrada, cuenta de publicidad, cuentas y listado de aportantes, estado de cuentas del Banco de Machala, comprobantes de ingresos y egresos, copias de formularios de: Impuesto a la Renta, declaración de IVA, Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta; informes del SRI, de la Contraloría y el Consep.

 

Para reconfirmar las irregularidades, este Diario investigó por su cuenta y recopiló los informes oficiales. Y recabó datos y testimonios de donantes.

 

 

Entrevista

Jorge Acosta, Presidente del TSE

‘El re-examen no tiene plazo’

 

¿Por qué  no se ha presentado el informe de gastos de la segunda vuelta del binomio Correa-Moreno?

El informe fue impugnado por el tesorero Camilo Samán. Le dimos el mismo derecho que aquel otorgado al binomio Noboa-Taiano. La Unidad del Gasto está haciendo el re-examen de las cuentas. Dentro de ese informe parece que se encontraron dos o tres inconsistencias de carácter financiero.

 

¿Y qué pasó hasta ahora?

Ellos querían convocar a Samán la semana anterior a las elecciones (de prefecturas en Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas), cosa que  me pareció inoportuna. Unos habrían dicho  que se le ha victimizado en las elecciones, otros pensarían que por la convocatoria se le perjudicó.  Samán indicó que estaría de viaje hasta el 30 de marzo y que con gusto comparecería en abril. Entiendo que fue convocado.

 

¿Qué irregularidades hallaron  en el re-examen?

Desgraciadamente la Ley prevé que estos asuntos sean de carácter reservado, so pena de destitución del funcionario que viole las normas.

 

¿Por qué se dejó pasar tanto tiempo para dar a conocer los resultados?

Los resultados del re-examen tienen que darse cuando estos terminan y todavía no han terminado; tanto más cuanto que la Unidad ha decidido convocar al Tesorero.

 

¿Pero no hay un plazo? 

No existe, la Ley no contempla plazos al respecto. El re-examen no tiene plazo, se produce sin límite de tiempo, más cuando dependemos de  terceros, como  el SRI, el sistema bancario…

 

¿Cuál es el objetivo del re-examen?

Detectar  si es que hay o no un exceso de gasto electoral.

 

¿Qué pasa si el origen de los fondos  es ilícito?

Si hay origen ilícito, las sanciones van de acuerdo con  las circunstancias de  los aportes.

 

 

EL COMERCIO

 

12 de abril de 2008.

 

Cinco aportantes de A. País con glosas y juicios

 

La donación de USD 150 536 realizada por cinco aportantes, considerados prohibidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es una más de las irregularidades señaladas en el reexamen de los gastos de la campaña de la segunda vuelta del binomio Rafael Correa-Lenin Moreno.

 

Este Diario publicó esta semana otras supuestas anomalías señaladas, entre las que se destacan el manejo de USD 487 848 no reportado al TSE por el Tesorero, Camilo Samán. Además, el aporte de 18 profesionales y pequeños empresarios, que no pagaron  Impuesto a la Renta (2003-2006).

 

Cronología del examen

El 19 de abril del 2007 el TSE ordenó el examen de cuentas de la campaña electoral, que terminó el 26 de noviembre del 2006 (segunda vuelta electoral), del sujeto político: Binomio presidencial Rafael Correa- Lenin Moreno.

El 18 de mayo del 2007  el Banco de Machala suministró la información del binomio Correa-Moreno. Allí se constata que se realizaron ingresos, entre el 16 de octubre y 17 de noviembre del 2006, “sin que hayan sido reportados a la Unidad de Gasto del TSE”.

El 24 de agosto de 2007  se remitió  al Pleno del TSE el informe final del expediente de cuentas de la segunda vuelta del Binomio  Correa-Moreno. El  informe fue  tratado el 29 de agosto del 2007; 

Allí se decide  imponer a la alianza Movimiento Patria Altiva y Soberana, Partido Socialista Frente Amplio una multa de USD 965 843, por exceso de gasto.

El 4 de septiembre del 2007, el Pleno del TSE, con cuatro votos a favor, aprueba la moción presentada por el vocal Hernán Rivadeneira Játiva, de aceptar a trámite los literales del escrito presentado por Camilo Samán. Consecuentemente  se dispone  a la Unidad de Control de Gasto que efectúe un reexamen de las cuentas de campaña.

 

Los aportantes prohibidos fueron identificados por la Unidad de Gasto del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según el artículo 21 de la Ley del Gasto Electoral, está prohibido aceptar aportaciones que provengan de personas naturales o jurídicas que mantengan litigios con el Estado, como consecuencia de relaciones contractuales para la ejecución  de obras o servicios (…).

 

EL COMERCIO obtuvo  por su cuenta los informes de Contraloría y los juicios penales que confirman los señalamientos del TSE.

 

El listado de los donantes prohibidos está encabezado por Washington Pesantez Encalada (homónimo del Fiscal de la Nación), un ingeniero civil, residente en Milagro, que dirige la Central Política de Alianza País en esa ciudad. Su aporte a la campaña fue de USD 70 000. En el primer informe del TSE  fue multado  con USD 2 586 por un exceso en su donación. Pero la infracción se quedó en suspenso cuando el TSE decidió hacer el reexamen de los gastos de campaña, en mayo.

 

Sobre Pesántez pesa una glosa con responsabilidad civil por 4.699 342 sucres, desde 1990. El 30 de abril de ese año, Pesántez firmó un contrato con el Municipio del cantón Santa Lucía para adoquinar 500 m2 de la calle José Rugel. La obra costaba 4’999.300 sucres.

 

Como adelanto de la obra recibió 4 699 342 sucres. No obstante -según Contraloría- los trabajos de adoquinamiento no se iniciaron ni se justificaron en materiales. Pese a ese informe,  él desmerece la acusación y asegura que  no es aportante prohibido. “No estoy vinculado al  narcotráfico ni a la guerrillera”, se justifica.

 

Del origen de su donación prefiere no hablar. “Ese tema  debe tratarse por un organismo legal”.

 

Pesantez tiene una oficina de consultoría y figura como administrador de las empresas Topecuador S.A. y Powerecua S.A., con domicilio en Guayaquil. La primera firma  vende computadoras. Fue constituida en el 2006 y en sus balances de ese año registra  USD 4 390 como activos corrientes; USD 3 140 en cuentas por cobrar; USD 7 800 como activo total y USD 6 800 como pasivo.

 

Registra USD 7 900 por ventas gravadas con el 12% y USD 11 000 como ingresos totales. La otra empresa fue creada a inicios del año pasado y aún no presenta sus balances financieros.

 

Pese a su aporte y a que se lo identifica como dirigente, Pesantez dice que no es miembro activo de  País. “Definitivamente no soy militante”. Esto lo confirmó Ricardo Otoya,  secretario provincial.

 

2.586 dólares fue la multa que se  impuso a Washington Pesantez por exceso de aportes.

 

Otro de los aportantes, Enrique Holmes García, un profesional que ofrece asesoría empresarial, también tiene una glosa por  USD 433 906, que ha sido impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

 

La acusación se impuso después del examen  que realizó la Contraloría a las operaciones administrativas y financieras de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), del 1 de agosto del 2001 al 28 de febrero del 2003.

 

En ese período, Holmes se desempeñaba como administrador temporal, juez de coactivas. Se lo acusó por archivar juicios de “deudores que han inclumplido con sus obligaciones sin que para archivar las causas él haya exigido las respectivas liquidaciones económicas.

 

Holmes archivó 10 juicios, causando un supuesto perjuicio de USD 433 906 al Estado.

 

Holmes consta como administrador de las compañías Bioacuática de Comercialización de Cría de Camarón S.A., Exporti S.A., Banakorsa S.A., Consumo Unión Conunión S.A., Aysur S.A., Importinc S.A. y Advisor Ecuador S.A. Viadvi. Esta última fue cuestionada por unos contratos con Telecsa, propietaria de  Alegro. La firma fue acusada de enriquecimiento ilícito.

 

Holmes tampoco es conocido como activista del movimiento oficialista, pero aportó con USD 50.000  para la campaña…

 

Sobre Fabián Álvarez Vera, quien aportó USD 5.000, también pesan dos juicios. El primero es el caso penal nro. 186-97, seguido en el Juzgado Segundo de lo Penal de Manabí, por supuesto peculado, en perjuicio del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV). En este también está implicada Narcisa Mera Toro.  El segundo es el juicio  No. 135-97 por peculado  que se ventila en el Juzgado Cuarto de lo Penal de Manabí. En esta judicatura se dictó un auto de apertura a plenario en contra del Álvarez. Luego, la primera sala de la H. Corte Superior de Justicia de Portoviejo lo ratificó.

 

Los problemas legales de Álvarez empezaron cuando trabajaba como asistente de operaciones en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Portoviejo. Entonces, José Ignacio Chancay, cliente del BEV,  lo denunció porque Álvarez le cobró el mismo cheque de USD1 866 900, dos veces.

 

Antes, el 21  de junio del 2006,  Ivonne Sánchez García, jueza cuarta de lo Penal de Manabí, solicitó a la Policía su captura, pero  actualmente está libre. Su juicio está en la apertura a plenario, con fecha 20 de noviembre de 1998. Ni la Contraloría ni el BEV insisten en continuar con el juicio.

Este Diario lo buscó varios días en Manabí, sin resultados.

 

En la lista de donantes prohibidos llama la atención la presencia de dos políticos del Partido Social Cristiano que ha sido duramente fustigado por el presidente Rafael Correa. Se trata del alcalde de Manta, Jorge Zambrano (ver recuadro), y del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano

 

El prefecto Zambrano entregó una donación  de USD 20 000, pese a que durante la campaña de la segunda vuelta enfrentaba un juicio penal (No. 25-39-96). 

 

Imelda Villacís Espinosa, directora Jurídica de la Contraloría, planteó el juicio al conocer que los ingresos provenientes de la desaduanización  de mercancías de la Administración  del Cuarto Distrito de Aduanas de Quito -por el período comprendido entre el 1 de enero de 1994 y el 30 de junio de 1995- fueron despachadas de las bodegas, sin cumplir con las formalidades correspondientes. Eso causó un perjudicó al Estado de USD 13’132.172.

 

En el caso seguido en el Juzgado Décimo de lo Penal de Pichincha por presunto delito aduanero fue sobreseído provisionalmente y luego ratificado el 28 de mayo del 2007. El proceso fue archivado.

 

En un oficio dirigido al TSE, Camilo Samán dijo que la obligación de determinar la ilegalidad de los aportes era de la Unidad, no de él.

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Written by Nicolás Brito Grandes

9 abril, 2008 a 20:59

Publicado en Noticias y política

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