Nicolás Brito Grandes

Soy un electricista curioso que nunca se queda con la duda

Negociados petroleros en la revolución correista

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Fernando Villavicencia perseguido judicialmente por sus denuncias

Fernando Villavicencia perseguido judicialmente por sus denuncias

Quito, 25 de junio de 2011

COMUNICADO DE PRENSA

Fernando Villavicencio Valencia

RESPONDE A PRESIDENTE CORREA Y PROCURADOR DEL ESTADO

SOBRE CASOS OCCIDENTAL Y PETROBRAS

 A través de una carta suscrita el 23 de junio de 2011, Fernando Villavicencio Valencia respondió afirmaciones del Presidente Rafael Correa, respecto al caso Occidental que se ventila en el CIADI, a la vinculación de ese caso con la absolución de Petrobrás; además se refiere a varios comentarios públicos del Procurador Diego García. A continuación, un extracto de la misiva.

“En más de una ocasión, sobre los casos Occidental y Petrobras, hemos escuchado y leído criterios de ustedes, que a lo mejor por falta de información veraz o desvaríos políticos, han conducido a la formulación de juicios equivocados, generando peligrosos antecedentes judiciales, en procesos trascendentales que se desarrollan dentro y fuera del país.

Está por demás recordar, que en sus condiciones de Presidente de la República y Procurador del Estado, sus expresiones públicas tienen efectos directos en los procesos judiciales, por ello, preocupa la extraña coincidencia, de las apreciaciones del doctor Diego García, con los argumentos esgrimidos por Petrobras, que a la postre acabaron creando, consciente o inconscientemente, argumentos de trato discriminatorio,  como uno de los instrumentos decisivos para beneficiar los intereses de la transnacional Occidental, en su demanda ante el CIADI.

Economista Correa, cuando era Ministro de Economía y miembro del Directorio de Petroecuador, en el gobierno de Alfredo Palacio, fue uno de los impulsores del proceso de caducidad del contrato de Occidental. Posteriormente, en calidad de candidato presidencial, aseguraba su triunfo electoral, asumiendo el caso Oxy como una de las banderas de unidad de amplios sectores sociales. En esos días, la prensa nacional e internacional, reproducía declaraciones suyas condenando el arbitraje del CIADI: “aceptar ese arbitraje es traición a la Patria y todos los que reconozcan un arbitraje inexistente, que Ecuador no ha aceptado y no tiene por qué aceptar, serán traidores a la Patria”.

Presidente Correa, los ecuatorianos no olvidamos sus exigencias al ex Presidente Alfredo Palacio, para que deje “extremadamente claro ante toda la ciudadanía, que Ecuador no ha aceptado ni aceptará, porque no tiene por qué hacerlo, ningún arbitraje ni en el Ciadi ni donde sea. El caso Oxy es un caso concluido donde ha prevalecido la soberanía nacional”.

En ese entonces, usted explicó que Occidental utilizó para solicitar el arbitraje la cláusula 20.3 de su contrato, que establece que en caso de divergencias en la ejecución del mismo, se podrá acudir a instancias de arbitraje internacional.

Sin embargo, usted correctamente argumentó que la cláusula 21.4 del contrato, señala explícitamente que “la caducidad no es susceptible de arbitraje internacional”. ¿Cuánto del discurso político de campaña se refleja en los acontecimientos registrados a lo largo de su gobierno?

En una entrevista con diario El Comercio, el 21 de junio de 2007, la ex Canciller María Fernanda Espinosa, aseguró que el gobierno de Rafael Correa, se acogerá, “sea cual sea”, al resultado del CIADI, sobre el caso Oxy. “En cuanto a Occidental, hay que entender que es un tema judicial donde Ecuador ejerce el legítimo derecho para argumentar que la otra parte no respetó el contrato. Por lo tanto, es un proceso legítimo y Ecuador se acoge al sistema de arbitraje”, dijo Espinosa. “Nos acogeremos al resultado, sea cual sea, por supuesto. Eso es independiente de lo que nosotros pensemos respecto al Ciadi”, expresó la ex Canciller. ¿Cómo entendemos este abismo entre sus proclamas políticas y las expresiones oficiales de la señora ex Canciller María Fernanda Espinosa?

Casi tres años después de las declaraciones de la ex Canciller, y de haber expulsado del país, al representante del Banco Mundial, su gobierno denunció el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. En noviembre de 2010 la Corte Constitucional, emitió dictamen favorable a esa propuesta, coincidente con el Art. 422 de la Constitución, que dice: “no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial…”. “Estamos denunciando y vamos a seguir denunciando estos tratados bilaterales de protección de inversiones, que han sido tremendamente perjudiciales para nuestro país”, aseguró Usted en una entrevista con la agencia internacional EFE.

Señor Presidente, Señor Procurador, han transcurrido casi cinco años de iniciado el proceso en el CIADI, y para ningún ecuatoriano medianamente informado, resulta extraño que el Ecuador acabó aceptando el arbitraje en la demanda de Occidental. Cualquier explicación contraria, resulta ociosa y deleznable. Ahí están 22 mil fojas, con sendas intervenciones de abogados de lado y lado; declaraciones de testigos de lado y lado; informes periciales individuales y compartidos, valoraciones de daños; casi 20 millones de dólares en honorarios de abogados, peritos y viáticos de funcionarios ecuatorianos; etapas procesales concluidas; y una audiencia final, esperando la consumación del fallo definitorio, miles de millones de dólares del bolsillo de la Patria, en manos de tres personas, nombradas por el Banco Mundial.

Si reconocer el arbitraje del CIADI, constituyó un grave error para el país, mucho más fue haber configurado el trato discriminatorio, por el caso Petrobras, basándose en el pronunciamiento del Procurador José María Borja, del 17 de octubre de 2006, en los veloces Acuerdos Ministeriales de Iván Rodríguez de enero del 2007, y en el rendido procedimiento aplicado por el Ministerio de Recursos Naturales y Petroecuador, el año 2008, que acabó liberando de responsabilidad a la compañía mixta brasilera y santificando más de una década de atropellos a la Patria.

Bonil 26/marzo/2015

Bonil 26/marzo/2015

Los casos Occidental y Petrobras

Para tener una apreciación más cercana a la realidad no se debe soslayar del análisis, una vieja disputa entre Occidental (EEUU) y Petrobras (Brasil), por controlar los recursos naturales de la cuenca amazónica ecuatoriana. En medio del fuego de intereses, aparecen conocidas figuras políticas nacionales e internacionales, perfectamente alineadas. La caducidad de Occidental y la absolución de Petrobras, perfila los rostros de varios actores nítidamente identificados, en altas esferas del poder político y económico.

Como ya es conocido por un gran sector del país, la empresa mixta brasilera Petrobras (Ecuadortlc) operó el Bloque 18 y el Campo Palo Rojo, mal llamado Palo Azul, en sociedad con las compañías Cayman y Petromanabí, vinculadas a la familia Isaías Dassum, acusada de varios delitos en contra del Estado. Recorrer la historia de estos contratos es deber obligatorio para entender el caso Occidental.

El contrato original del Bloque 18, entre Petroecuador y la compañía AMOCO se suscribió en septiembre de 1995. En 1996, Amoco transfirió a la empresa francesa ELF Aquitaine Équateur el 40% de los derechos y obligaciones, se quedó como operadora del Bloque y ejecutó el plan exploratorio mínimo, concluyendo que no existían reservas de crudo rentables, por lo que, en el año 1997 comunicó a Petroecuador que abandonaba el país, como se desprende del Memorando No. 227 de la Unidad de Contratación Petrolera UCP, del 9 de septiembre de 1997, que dice: “…habiendo cumplido Amoco el Plan Exploratorio mínimo y decidido su Gerencia retirarse del área, devuelva ésta al Estado, de acuerdo con lo que dispone el Art. 24 de la Ley de Hidrocarburos y la cláusula 6.1.8 del contrato”.Pese a esta notificación, el gobierno de Fabián Alarcón, a través del Ministro de Energía, Raúl Baca, en el año 1997, autorizó la transferencia de derechos y obligaciones de AMOCO y ELF, a Cayman y Petromanabí, sobre un bloque no comercial, y, al margen de lo que establecen los Arts. 2 y 3 del Reglamento y al Art. 79 de la Ley de Hidrocarburos, por cuanto las cesionarias no reunían los requisitos para su calificación.

El Bloque 18 no contaba ni cuenta con reservas comercialmente explotables, las reservas han variado entre 5 y 2 millones de barriles, se registra una producción promedio día de 170 barriles proveniente del Campo Pata; mientras el campo mal llamado Palo Azul (Palo Rojo) de Petroecuador, registra reservas entre 100 y 142 millones de barriles de petróleo liviano, con una producción promedio de 28.000 barriles por día (BPPD); es decir, el bloque nunca fue ni es comercial; sino que, a través de un fraude técnico y al margen de la Ley, varias autoridades de Petroecuador, del Ministerio de Energía y Minas y representantes de la contratista, anexaron el campo Palo Rojo de Petroecuador al Bloque 18, llamándolo Palo Azul.

La anexión del Campo Palo Rojo, empezó con una falsa calificación de unificado, realizada el 15 de junio del 2000, por la Comisión Técnica PETROPRODUCCIÓN-CAYMAN, y ratificada por el Ministro Pablo Terán, el 20 de septiembre de 2000 con Acuerdo Ministerial 076, quien al tiempo de calificar de común las áreas del Campo Palo Azul, autorizó la suscripción del Convenio de Explotación Unificada.

Una vez en control de al menos 100 millones de barriles de reservas probadas de Palo Rojo, empieza una auténtica feria de acciones y participaciones en diversas Bolsas de Valores. En abril de 2001, el Ministro Pablo Terán autoriza a Cayman y Petromanabí para que transfieran a Ecuadortlc, empresa de papel, el 42% y el 28% de sus derechos y obligaciones en el Contrato del Bloque 18. Ecuadortlc no acreditaba experiencia técnica, ni respaldos económicos, como lo exigen los Arts, 2 y 3 del Reglamento al Art 79 de la Ley de Hidrocarburos. Después de 14 días de esa transacción, Pablo Terán, autoriza nuevamente la transferencia del 100% de las acciones de Ecuadortlc a la compañía argentina PECOM ENERGIA S.A., no domiciliada en Ecuador. Este inusual y sospechoso movimiento de acciones y derechos sobre el Bloque 18 y campo Palo Azul, fue realizada para proteger los intereses del grupo Isaías (Petromanabí) dueño de Filanbanco, ante una posible intervención de la Agencia de Garantía de Depósitos AGD. Finalmente, para crear una cobertura regional, en octubre del 2002 PETROBRAS asumió las acciones de PEREZ COMPANC. Así arribó Petrobras al Ecuador, sin arriesgar nada.

La caducidad

El 24 de enero de 2005, Petrobras y Teikoku Oil Co. Ltd. suscriben un “Acuerdo de Venta y Asociación” para la transferencia del 40% de participaciones del bloque 18, bloque 31 y Campo Palo Azul, sin autorización ministerial y sin que Petrobras tenga derechos contractuales, toda vez que, el Ministerio de Energía y Minas, a esa fecha aún no autorizaba el cambio de nombre de Perez Companc (PECOM ENERGIA) por Petrobras, menos aún se había inscrito en el Registro de Hidrocarburos. Este hecho recién se consumó en octubre del año 2008, en el gobierno de Rafael Correa

El 30 de enero de 2005, Petrobras comunica al Ministerio de Energía y Minas, que ha suscrito un Acuerdo de Venta y Asociación con la compañía Teikoku Oil Co. Ltd, que implica la transferencia del 40% de participaciones en los Bloques 18 y 31 y, Campo Palo Azul. Hasta ese entonces la comunicación hace referencia a un Acuerdo de Venta y Asociación entre empresas matrices. El Ministerio de Energía y Minas solicita a Petrobras remita el mencionado Acuerdo de Venta y Asociación; pero, SOSPECHOSAMENTE, casi dos meses después, en marzo del 2005, se remite la copia de una Carta de Intención, suscrita por Ecuadortlc y Teikoku Oil Ecuador, esta última empresa no domiciliada en el país a esa fecha. ¿Por qué Petrobras nunca entregó el Acuerdo de Venta y Asociación, y por qué las autoridades del Ecuador, no exigieron la presentación del citado contrato privado?, la respuesta es evidente, a esa fecha Petroecuador ya inició el proceso de caducidad contra Occidental por haber suscrito un Acuerdo Privado con Encana, para ceder el 40% de derechos y obligaciones del Bloque 15, Edén Yuturi y Limoncocha, sin autorización ministerial, configurando la causal de caducidad del contrato.

El 11 de enero de 2007, faltando cuatro días para que concluya la gestión del Ministro Iván Rodríguez, a dos años de suscrito el írrito “Acuerdo de Venta y Asociación”, recién se autoriza la transferencia del 40% de Ecuadortlc (Petrobras) a Teikoku Oil Ecuador, a través del Acuerdo Ministerial 118. Este último proceso configura la causal de caducidad contemplada en el Art. 74, numeral 11 de la Ley de Hidrocarburos. Los efectos del Acuerdo 118, que autorizó la cesión de derechos a Teikoku, quedaron en suspenso debido a la investigación dispuesta por el Ministro Acosta, y luego por la excitativa de caducidad presentada por el Procurador del Estado, Javier Garaicoa, el 18 de febrero de 2008.

Para viabilizar esta transferencia, a través de Oficio No. ACP-T-F-L 2006, el ex Presidente de Petroecuador, Galo Chiriboga, calificó la idoneidad técnica y operativa de la compañía Teikoku, casi dos años después de que la citada empresa, suscribiera el acuerdo de cesión del 40% de participaciones del Bloque 18 y Palo Azul con Petrobras. En un acto de atrocidad jurídica, Chiriboga señaló: “De acuerdo con el análisis realizado y como consecuencia del mismo, la compañía Teikoku Oil Co. Ltd, posee idoneidad técnica y operativa en el sector hidrocarburífero”. ¿Qué idoneidad técnica y operativa podía tener una empresa que no acreditó ninguna experiencia en el país, y fue calificada con documentos simples bajados de internet? El doctor Chiriboga, en su calidad de Presidente de Petroecuador, en sujeción a la Constitución, a la Ley de Hidrocarburos y en defensa de los intereses nacionales, al conocer que Teikoku y Petrobras, suscribieron un ACUERDO DE VENTA Y CESIÓN DE DERECHOS SIN AUTORIZACIÓN MINISTERIAL, debió iniciar el proceso de caducidad del contrato de participación del Bloque 18 y del Convenio de Explotación Unificada del Campo Palo Azul; por el contrario, en abierto desconocimiento de la normativa, actuó a favor de las compañías privadas, beneficiarias de esa írrita cesión de derechos, como lo señaló el Informe del Grupo Interdisciplinario, creado por el Ministro Alberto Acosta, y lo destacó la Procuraduría General del Estado, en la excitativa de caducidad del contrato, remitida por Javier Garaicoa, en febrero del 2008.

La excitativa de caducidad remitida al doctor Chiriboga, por la Procuraduría del Estado, el 18 de febrero del 2008, a través de Oficio No. 08498, en la parte relacionada al caso Teikoku, dice: “La calificación de la empresa Teikoku Oil Ecuador se encuentra reñida a la normativa positiva del Ecuador, pues para que una cesión de derechos surta plenos efectos, se debía cumplir con lo prescrito en el artículo 2 del reglamento para la transferencia o cesión de derechos y obligaciones de los contratos de hidrocarburos…” Del análisis efectuado se desprende que, las empresas TEIKOKU OIL CO. LTD Y TEIKOKU OIL ECUADOR, no estuvieron domiciliadas en el Ecuador, al momento de suscribir el Acuerdo Previo o “Carta de Intención” de enero del 2005, en evidente violación al mandato del inciso tercero del Art. 6 de la Ley de Compañías, antes descrito, y en concordancia a lo prescrito en el Art 12 de la Ley de Hidrocarburos.

En mayo del año 2007, el Ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, a través del Acuerdo Ministerial 059, conformó un Grupo Interdisciplinario, con profesionales de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, Procuraduría del Estado, Petroecuador y asesores externos, para que analicen varios contratos petroleros. Los dos primeros casos estudiados fueron los del Bloque 18 y el Convenio de Explotación Unificada del Campo Palo Azul.

El 13 de junio de 2007, en una carta dirigida al Presidente Rafael Correa, el ex Ministro Acosta, señala: “Para tomar una decisión sobre el particular, debemos considerar los siguientes elementos: la obligación de hacer cumplir la ley, que no depende de la discrecionalidad de la autoridad; el seguro empleo del argumento de la discriminación en el proceso seguido por la OXI en el CIADI, tomando como prueba a nuestra inacción ante un caso similar; y la conveniencia de recuperar para el pueblo ecuatoriano lo que fraudulentamente se le ha quitado, con la farsa de un yacimiento común inexistente. Me permito urgir a la SNA (Secretaría Nacional Anticorrupción de la Presidencia de la República) en la formulación de la excitativa”.

Con fecha 31 de julio de 2007, la Fiscalía resolvió la reapertura de la indagación del caso Palo Azul, después de conocer el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario, que estableció la existencia de causales de caducidad del Contrato de Participación del Bloque 18 y fraude técnico en la declaratoria de UNIFICADO del campo Palo Azul (Palo Rojo). Con base a los resultados de la indagación previa No. 1252-LN-09, la Fiscalía General del Estado, coincide con varias de las conclusiones del informe del Grupo Interdisciplinario, en especial aquel que concluye en la “no existencia del Yacimiento Común en Palo Azul” y en varias irregularidades en las cesiones de derechos, en particular las relacionadas entre Petrobras y Teikoku.

Inmediatamente posesionado del cargo de Ministro de Energía y Minas, el doctor Galo Chiriboga, procedió a disolver el Grupo Interdisciplinario, creado por Alberto Acosta, y aún más, emitió criterios que resultaron favorables a Petrobras y a las empresas de la familia Isaías, criterios que además contravinieron su condición de juez, ante un inminente proceso de caducidad recomendado por su antecesor. Esta realidad se evidencia en varias declaraciones públicas del doctor Chiriboga y con mucha precisión en el Oficio No. 644 SPH-2007, de 27 de diciembre de 2007, dirigido al Presidente Rafael Correa, en el cual desconoce lo actuado por el Grupo Interdisciplinario, en la parte esencial dice:

“Del análisis técnico realizado al informe de la Comisión designada por el Econ. Alberto Acosta se determina que no existe para tal informe el sustento técnico, económico y legal, por lo cual PETROECUADOR no ha pedido el inicio del proceso de caducidad conforme señalaba el informe de la Comisión. La Comisión nombrada por el ex Ministro se dejó sin efecto por carecer de sustento legal para su funcionamiento, porque la indagación es un aspecto de carácter penal que por ley corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los fiscales respectivos…”.

Para intentar echar más tierra al informe del Grupo Interdisciplinario, por disposición del Ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, quien además actuó como Presidente del Directorio de Petroecuador, se contrató a través de Petroamazonas, un nuevo estudio para verificar si el Yacimiento Hollín Inferior u otros Yacimientos del Campo Palo Azul eran o no compartidos con el Bloque 18. En noviembre del año 2008, de forma directa, sin licitación, se contrató el mencionado estudio con la Consultora Gaffney Cline & Asociates, para que en un plazo de 15 días realice la investigación y presente un informe. Como se preveía, en un abrir y cerrar de ojos, la empresa presentó el 21 de noviembre de 2008, un deleznable informe en el cual se establece que el campo Palo Azul es unificado. Con base a este informe, según Petroecuador y el Ministerio de Minas y Petróleos, quedaba concluido el litigio técnico, mantenido durante una década.

Al conocer el informe de Gaffney Cline & Asociates, la Fiscalía General del Estado detectó graves irregularidades, la principal es aquella que consta en el informe de la indagación previa por peculado, que dice:

“Se conoce que para la verificación de estos aspectos técnicos PETROECUADOR contrató los servicios de la empresa GAFFNEY CLINE & ASOCIATES de Houston, del Grupo Baker & Hughes, siendo ésta misma empresa la que contrató la empresa PETROBRAS para la certificación de sus propias reservas, constituyendo dicha empresa el mejor cliente del Grupo Baker, razón por la cual, estos estudios carecen de veracidad, una vez más”.

Con estos elementos la Fiscalía formuló cargos contra 27 funcionarios y ex funcionarios de Petroecuador, Contraloría, Ministerio de Minas y Petróleos y accionistas y representantes de las empresas contratistas, a quienes acusa de PECULADO. Para completar la investigación y determinar de forma independiente si el campo Palo Azul es o no compartido, la Fiscalía del Estado contrató un peritaje propio. El INFORME PERICIAL es contundente, NO EXISTE CAMPO UNIFICADO; es decir, se confirma la veracidad del informe del Grupo Interdisciplinario, creado por Alberto Acosta, y lo más importante se  confirma la existencia de FRAUDE TÉCNICO en la calificación de unificado del Campo Palo Azul, frente a lo cual se espera una acción firme de la Fiscalía y de la Corte Nacional de Justicia para castigar a los responsables de estos actos cometidos en contra de la Patria.

En la página 38 del Informe Pericial, Conclusión Final, se afirma: “Con respecto al decreto 076 emitido por el Ministerio de Energía y Minas, con fecha 20 de septiembre del 2000, en su Art. 1 acuerda:

“CALIFICAR de común a las áreas de operación de PETROPRODUCCION y CAYMAN, al Yacimiento Hollín en el área del campo Palo Azul”; sin haber realizado la diferenciación de los reservorios Hollín Superior y Hollín Inferior, diferenciados más tarde en el informe de la Comisión Especial creada por el Ministro Alberto Acosta, el 14 de mayo del 2007”.

El Ministerio de Energía debería haber paralizado inmediatamente la repartición de la producción, una vez conocido el Informe Técnico, principalmente, de la Comisión Especial creada por el Ministro Alberto Acosta, el 14 de mayo del 2007…” (El subrayado es nuetro).

Conforme se establece en esta Conclusión Final, a partir de la fecha de presentación del mencionado Informe; es decir, del 14 de mayo del 2007, las autoridades del sector petrolero, en especial el Ministro de Energía y Minas, doctor Galo Chiriboga Zambrano, que reemplazó al economista Alberto Acosta, debía haber actuado en defensa de los intereses nacionales e impedido que el Consorcio Cayman, Petromanabí, Petrobras, siga beneficiándose con recursos públicos, en forma ilegal.

Desde el año 2001, hasta el 2010, Petromanabí, Cayman y Petrobras, han explotado cerca de 75 millones de barriles de crudo liviano del Campo Palo Rojo de Petroecuador, es decir habrían extraído aproximadamente el 80% de las reservas, solo del yacimiento Hollín Superior, que, de acuerdo a los porcentajes de participación, le correspondió al Estado apenas un 50.5 % los primeros 7 años y cerca del 60% a partir del año 2009. Considerando un precio promedio de 70 US/BL y un costo de producción de 10 US/BL, la familia Isaías Dassum, propietarios de Cayman-Petromanabí y Ecuadortlc (Petrobras) se habrían beneficiado de una suma cercana a U$ 2.070´000.000 (DOS MIL SETENTA MILLONES DE DÓLARES), a través de ilegales transferencias de derechos contractuales y de una fraudulenta declaratoria de unificación del campo Palo Rojo, bautizado de Palo Azul, para cometer uno de los más grandes atracos de la historia petrolera ecuatoriana.

Coincidencias entre Occidental y Petrobras

La Ley de Hidrocarburos, precisa las causales de caducidad contractual, el Art.  74 señala en los numerales 8, 10 y 11, con precisión las ilegalidades en las que incurrió la compañía:

“El Ministerio del Ramo podrá declarar la caducidad de los contratos, si el contratista: 8)Incurriere  en  falsedades  de  mala  fe  o  dolosas,  en las declaraciones   o   informes  sobre  datos  técnicos  de  exploración, explotación,  actividades industriales, transporte o comercialización, o  sobre  datos  económicos relacionados con las inversiones, costos o utilidades; 10) Hubiese empleado fraude o medios ilegales, en la suscripción del contrato; 11) Traspasare  derechos  o celebrare contrato o acuerdo privado para  la  cesión de uno o más de sus derechos, sin la autorización del Ministerio.”

En el contrato del Bloque 18 y Palo Azul, no solo se cometieron las violaciones establecidas en los citados numerales del Art. 74, sino en otros más que se detallan en el informe del Grupo Interdisciplinario y en la excitativa de caducidad. Pero los referidos al fraude en la falsa declaratoria de común del campo Palo Rojo, así como la utilización de información falsa, armonizan plenamente con los numerales 8 y 10. Para el caso del numeral 11, la firma de un Acuerdo Privado, sin autorización ministerial, deja sin argumentos sólidos, aquellos sostenidos por Petrobras, y lamentablemente esgrimidos apasionadamente por algunos funcionarios públicos.

Señor Procurador, el país demanda que usted exponga argumentos convincentes y documentos oficiales, explicando el valor absoluto y VINCULANTE, que le confiere al pronunciamiento del ex Procurador José María Borja, quien validó ilegalmente una tardía “Carta de Intención”, a todas luces fraguada para ocultar el Acuerdo Privado de cesión de derechos, suscrito entre las matrices Petrobras y Teikoku, fuera del Ecuador. ¿Por qué usted resta valor y contradice los criterios del ex Procurador Javier Garaicoa, contenidos en la excitativa de caducidad del contrato del Bloque 18 y Campo Palo Azul; que con documentos certificados obtenidos en la Comisión de Valores de Buenos Aires y Nueva York, comprobó que el 24 de enero del 2005, en efecto se suscribió un “Acuerdo de Venta y Asociación”, y no una CARTA DE INTENCIÓN, como usted sostiene, coincidiendo peligrosamente con los criterios de Petrobras, los representantes de Cayman, Petromanabí y otros funcionarios, ex funcionarios y ciudadanos afectos a las citadas compañías?

En la mencionada excitativa de caducidad, su antecesor Javier Garaicoa, al respecto señala: “El acuerdo previo de venta y asociación firmado por PETROBRAS y ECUADORTLC con TEIKOKU, es un acuerdo privado del que habla la Ley, por lo que se ha configurado la causal de caducidad antes indicada, al no haberse obtenido, previamente, la autorización ministerial. Es irrelevante, por lo tanto, que se haya o no establecido cláusulas condicionales, ni que se haya ejecutado o no dicho acuerdo.” Es evidente, que con este criterio oficial del Procurador y con los documentos obtenidos a nivel internacional, se pulverizó el deleznable criterio del doctor José María Borja, con el cual usted comulga. No solo se firmó el Acuerdo, sino que una de las empresas TEIKOKU OIL ECUADOR, suscribió la sospechosa Carta de Intención, sin estar legalmente domiciliada en el país, empresa a la que dos años después el ex presidente de Petroecuador Galo Chiriboga, le calificó idoneidad técnica y operativa. Salvo que usted sostenga lo contrario, Señor Procurador.

El ciudadano José María Borja, ex Procurador del Estado, tendrá que explicar ante la justicia, los argumentos para haber avalado los términos de una FRAGUADA “Carta de Intención”, porque el mencionado ex funcionario, jamás se permitió exigir a Petrobras la presentación del “Acuerdo de Venta y Asociación”, suscrito el 24 de enero de 2005, entre las matrices Petrobras y Teikoku, y notificado el 28 del mismo mes por Petrobras a la Comisión de Valores de Buenos Aires y Nueva York, en el sentido de que ha transferido el 40% de participaciones de los bloques 18 y 31 a la compañía japonesa. Este Acuerdo fue suscrito sin autorización del Estado ecuatoriano, lo cual incurre en la misma causal de caducidad de Occidental, establecida en el numeral 11 del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos.

La causal principal de caducidad de Occidental, esgrimida por el propio ex Procurador José María Borja, fue la firma de un “Acuerdo Privado”, para la transferencia del 40% de derechos y obligaciones de OXY a ENCANA, sin autorización del Ministro de Energía. En este caso se aplicó correctamente la causal de caducidad definida en el numeral 11 del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos, como se desprende del proceso de OXY:

“Al utilizar la conjunción disyuntiva “o” el numeral 11 del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos, establece tres opciones o casos separados, que causarían la caducidad del contrato si no se tiene la autorización previa del Ministerio de Energía y Minas: 1. Traspasare derechos (como en efecto sucedió); 2. Celebrare contrato (se celebró el contrato); “o” 3. Acuerdo privado para la cesión de uno o más de sus derechos (se suscribió el acuerdoaceptado expresamente por la contratista). En el caso, las pruebas instrumentales demuestran haberse ejecutado esas tres opciones dentro de la causal Nº 11 para la declaratoria de caducidad de los contratos.”. Caso Occidental (El subrayado es nuestro).

Veamos las diferencias. El 24 de enero de 2005 Petrobras y Teikoku, casas matrices, suscriben un “Acuerdo de Venta y Asociación” para la transferencia del 40% de derechos y obligaciones del Bloque 18 y Campo Palo Azul y comunican el hecho a la Comisión de Valores de Buenos Aires, señalando textualmente que: “El acuerdo de venta y asociación celebrado con Teikoku Oil Co. Ltd., (“Teikoku”) involucró la transferencia de las participaciones del 40% de los Bloques 18 y 31…”.

La misiva no solo comunica la firma del Acuerdo, sino también hace referencia a pagos económicos iniciales: “…Teikoku realizará un pago inicial en efectivo de U$S 5 millones y un desembolso posterior de U$S 10 millones sujeto a la realización de determinadas obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del Bloque 31, las cuales serán emprendidas conjuntamente por la Sociedad y Teikoku…”.

Queda explícito que este es un ACUERDO DE VENTA Y ASOCIACIÓN, suscrito por Petrobras y Teikoku Oil Co. Ltd. (Casa Matriz), notificado por Marcelo Gargano, a la Comisión de Valores de Buenos Aires, para transferir derechos de los contratos de los bloques 18 y 31, mientras que la fraguada Carta de Intención, sin lugar de emisión, presentada en marzo del 2005, pretendiendo blindarla con la supuesta condición suspensiva de que entrará en vigencia una vez que el Ministerio de Energía lo autorice, fue firmada por Ecuadortlc, Petrobras y Teikoku Oil Ecuador, una empresa no domiciliada en el país, a esa fecha. Sin embargo, de lo cual el ex Procurador José María Borja, emitió informe autorizando la transferencia del 40% de participaciones de Ecuadortlc a favor de Teikoku Oil Co. Ltd. (Casa Matriz) empresa que no firmó la Carta de Intención. El enceguecido informe del ex Procurador dice: “…se infiere la intencionalidad de las partes contratantes de ceder un porcentaje (40%) de los derechos y obligaciones…”. Agrava aún más el hecho de que el 24 de enero de 2005, fecha de suscripción del “Acuerdo de Venta y Asociación con Teikoku”. Petrobras no tenía ningún derecho sobre Ecuadortlc y por ende en el Bloque 18 y el Campo Palo Azul, porque recién el 27 de diciembre de 2006, el Ministro Iván Rodríguez autorizó en forma ilegal el cambio de nombre de Pecom Energía a Petrobras, 4 años después de extinguida la compañía argentina. Ni en esa fecha, ni ahora, Petrobras tenía, ni tiene derechos. Lo que Petrobras hizo es un delito, apropiarse de un bien  público y traficar en forma dolosa en la Comisión de Valores de Buenos Aires y Nueva York, con participaciones respaldadas por más de 100 millones de barriles de petróleo de los ecuatorianos, equivalentes a USD $ 9 mil millones de dólares.

Petrobras notificó al Ministerio de Energía y Minas el 31 de enero del 2005, que ha suscrito un Acuerdo de Venta y Asociación con  Teikoku Oil Co. (Casa Matriz), y pidió autorización para transferir el 40% de derechos de los bloques 18 y 31; pero cuando en febrero de 2005, el Ministerio solicita presentar el citado “Acuerdo”, Petrobras se demora casi dos meses, y en marzo de 2005 envía una “Carta de Intención”, firmada por supuestas empresas subsidiarias, una de ellas (Teikoku) no domiciliada a esa fecha en el país. La mencionada Carta no contiene lugar de emisión y jamás pudo ser firmada en el Ecuador, sencillamente porque durante todo ese período, los firmantes (Darío Gerardo Lamanna y Shinichi Takada) no ingresaron al país, como se evidencia en documentos de Migración. Es decir, Señor Procurador, su predecesor (José María Borja) a quien Usted ofrenda tributo de verdad absoluta, emitió un informe, según Usted vinculante, sobre un documento fraguado, para perjudicar los intereses del país. Esto no quedará en la impunidad.

Recuerda usted doctor García, que Occidental también defendía una supuesta condición suspensiva de su Acuerdo Privado, la petrolera decía lo mismo que sostiene Usted y sostuvo el ex Procurador José María Borja, frente al Acuerdo de Venta y Asociación de Petrobras, se trata de una intención, sujeta a aprobación del Ministro de Energía y Minas. ¿Cómo pudo el abogado del Estado sostener dos criterios distintos para casos bastante similares?. ¿Cómo se atrevió a emitir semejante pronunciamiento, si la propia Procuraduría del Estado y el Ministro Iván Rodríguez reconocían que el TRATO DISCRIMINATORIO es la principal acusación de Occidental en contra del Ecuador en el  CIADI?.

Reunión secreta a favor de Petrobras y Teikoku

Señor Procurador, como podrán confirmar sus asistentes: Nancy Altamirano y Carlos Venegas, (podemos remitirle copia de la grabación), faltando pocos días para que acabe el gobierno de Alfredo Palacio, el caso Petrobras y sus vinculaciones con el caso Occidental mereció una sospechosa “reunión de alto nivel”, en el mismísimo despacho del Ministro Iván Rodríguez, el 13 de diciembre del año 2006, entre las máximas autoridades de control del país: Ministro de Energía; Contralor Genaro Peña; la asesora del Despacho Ministerial, Nancy Altamirano; el delegado de Procuraduría, Carlos Venegas; el delegado de Galo Chiriboga; Presidente de Petroecuador, Fernando Robalino; el representante de la DNH Alberto Panchi; Galo Carrillo, auditor de la Contraloría, entre otros funcionarios. En la reunión de la cual hay una grabación de audio que reposa en la Fiscalía, se evidencia como todos los presentes se ponen de acuerdo para “arreglar” la situación de Petrobras y Teikoku, como señaló la Dra. Altamirano: “Hay que ir haciendo todas las autorizaciones” en referencia a las cesiones de derechos de los bloques 18 y 31.

Los representantes del Estado reunidos ese día, sabían lo que hacían al ponerse de acuerdo y emitir todas las autorizaciones que exigían los gobiernos de Japón y Brasil, en especial sabían de las implicaciones del caso Occidental, como no se cansó de subrayar la Dra. Altamirano: “… no olvidemos que ciertos documentos que nosotros hemos hecho el análisis aquí y que también le remitimos a la Procuraduría para su informe, para la consulta, esos documentos nosotros lo sacamos del proceso de la Occidental, porque la Occidental lo presentó como documentos de descargo de ellos… eso sacamos del proceso entonces para nosotros si era muy difícil y muy delicado tomar una decisión…”.

El gobierno agonizaba y al parecer las autoridades estaban de apuro. El Embajador Japonés no paraba de llamar y la Viceministra de Energía nipona al parecer estaba enojada, y el Presidente Lula presionaba; entonces, la maquinaria de control del Estado se puso a funcionar a pedir de boca. El Contralor, como consta en la grabación se compromete a remitir un informe ABSOLUTORIO, como dice el Ministro Rodríguez, para: “hacerle llegar al Presidente Correa, porque sé que cuando se estaba embarcando en el avión le entregaron un documento, entonces para que él tenga información previa y el día de mañana no haga un comentario”.

El informe que Genaro Peña se comprometió entregar a Rodríguez para hacerle llegar al Presidente Correa, fue una “AYUDA MEMORIA” entregada el 19 de diciembre del 2006, que contenía los resultados de una supuesta investigación realizada por la Contraloría, sobre un anónimo llegado por internet. La ayuda memoria firmada por los Auditores Galo  Carrillo y Víctor Guerrero, revela una total parcialización o ignorancia.

Con la misma diligencia del Contralor, el Presidente de Petroecuador, Galo Chiriboga remitió inmediatamente todos los documentos faltantes, la Dirección de Hidrocarburos movió cielo y tierra para entregar los informes necesarios; todo para que el Ministro de Energía, como se le escucha decir en la grabación, pueda: “dormir tranquilo”.

¿Y en qué consistían tan especiales autorizaciones? Primero, como señaló Fernando Robalino, en representación de Galo Chiriboga, presente en la citada reunión, “…habría que emitir el Acuerdo Ministerial, creo yo, donde esté registrado la nueva casa matriz”. Este criterio lo hace el señor Robalino, en conocimiento de que desde el año 2002 en que Petrobras adquirió las acciones de Pecom Energía, hasta la presente fecha, no había cambiado el nombre por Petrobras, como casa matriz de Ecuadortlc. Ahora de forma insólita, sin que ninguna empresa haya solicitado el cambio de nombre, el funcionario, por gentileza ecuatoriana, recomendaba emitir un Acuerdo Ministerial, cambiando el nombre de Pecom por Petrobras, cuando en varias ocasiones la Unidad ACP que él presidía, advirtió a Ecuadortlc con aplicar el contrato (CADUCIDAD) si seguía enviando comunicaciones en papel membretado de Petrobras. La recomendación de Robalino, fue ejecutada por el Ministro Iván Rodríguez el 27 de diciembre de 2006, a través del Acuerdo Ministerial 095, autorizando el cambio de nombre de Pecom Energía por Petrobras.

El siguiente paso acordado en la comentada reunión, se dio el 11 de enero del 2007, a solo cuatro días de dejar el cargo, el Ministro Iván Rodríguez, a través de Acuerdo Ministerial 118, autorizó la transferencia del 40% de participaciones del bloque 18 y campo Palo Azul, de Petrobras (Ecuadortlc) a Teikoku. Estaba tan apurado, tan presionado, tan comprometido a cumplir con la Patria y con los gobiernos amigos de Brasil y Japón, que se olvidó consultar antes de firmar, si el cambio de nombre de Pecom Energía a Petrobras, dispuesto el 27 de diciembre del 2006, ya había sido inscrito en el Registro de Hidrocarburos, como obliga la Ley. El Ministro autorizó la cesión de derechos de (Ecuadortlc) Petrobras, empresa que no tenía ningún derecho sobre el Bloque 18 y el campo Palo Azul.

 Los reclamos de Brasil

En oficio de 23 de mayo de 2007, remitido por la Canciller María Fernanda Espinosa, al Ministro de Energía Alberto Acosta Espinosa, informa que el Embajador Eduardo Mora, Jefe de la Misión Diplomática en Brasil, fue convocado a la Cancillería brasilera por Jorge Tauney, Subsecretario General de América del Sur, con el fin de “expresar la preocupación del Brasil sobre la participación de la empresa Petrobras…”en los bloques 18 y 31 de la Amazonía.

La misiva hace saber que a raíz de la visita de la “Señora Canciller María Fernanda Espinosa y posteriormente de la visita de estado realizada por el Presidente Rafael Correa, Brasil había comprendido que los propios Jefes de Estado estuvieron de acuerdo en el tema, puesto que Petrobras había cumplido con todos los trámites incluyendo el último pago para tener la licencia ambiental. Manifestó además que la Ministra de Ambiente (Ana Albán) había expresado que Petrobras era la empresa que mejor había atendido las cuestiones ambientales por lo que ha causado sorpresa su decisión de suspender la concesión por razones ambientales”.  (Los subrayados son nuestros).

En referencia a la operación de Petrobras en el Parque Nacional Yasuní, el Embajador Tauney hizo conocer que, la empresa brasilera utilizaría tecnologías de punta, e incluso incursionaría en la zona a través de helicópteros, a fin de proteger la vida de los pueblos Tagaeri y Taromenani, por lo que señaló que: “existen pequeños sectores que están alegando pretextos para no cumplir con una determinación que adoptaron los Presidentes Lula y Correa en Brasilia.”.

El término DETERMINACIÓN implica: resolución, decisión, conclusión, fallo o disposición; en cualquiera de los sentidos significantes, el gobierno de Brasil estaba comunicando y recordando al gobierno del Ecuador que existió una decisión compartida.

La ex Canciller Espinosa, también hizo conocer que el gobierno de Brasil, ha hecho referencia a la autorización del Estado ecuatoriano para la cesión del 40% de participación de los bloques 18 y 31 a favor de la compañía japonesa Teikoku, y que el caso “…era muy diferente al de la Compañía Occidental porque se había cumplido todos los requisitos y trámites, inclusive ante la Procuraduría y la Contraloría y que la autorización ya fue dada pero que ahora el Ministro de Energía de Ecuador (Alberto Acosta) quiere rever el asunto, lo que preocupa al Gobierno brasileño, teniendo en cuenta que Petrobras es una empresa completamente controlada por el Estado”.

Solo a manera de recuerdo, el Art 26 de la Ley de Hidrocarburos en el párrafo segundo establece: “Estas empresas extranjeras se sujetarán a los tribunales del país y renunciarán expresamente a toda reclamación por vía diplomática. Aquella sujeción y esta renuncia se considerarán implícitas en todo contrato celebrado con el Estado o con Petroecuador”.

También subrayamos lo que establecía la Constitución de la República vigente a esa fecha, y el propio Contrato de Participación del Bloque 18, que prohibía todo tipo de injerencia diplomática y de gobiernos, a condición de incurrir en causal de caducidad contractual; por ello, si no existió entendimiento alguno entre Lula y Correa sobre el tema, es necesario preguntar a la señora ex Canciller y a usted Presidente Rafael Correa, ¿Qué acciones realizaron para rechazar esta evidente intromisión del Gobierno de Lula Da Silva en la política hidrocarburífera ecuatoriana?.

 Los reclamos de Japón

Japón no se quedó atrás, presionó sin descanso a las autoridades energéticas ecuatorianas, como se concluye del oficio de 27 de septiembre del 2006, el Ministro de Relaciones Exteriores (E) Diego Ribadeneira, hizo conocer al Ministro de Energía Iván Rodríguez, que el Gobierno de Japón, en respuesta a la petición de Petroecuador de que invierta en algunos proyectos hidrocarburíferos en el país, ha “…manifestado su disposición de trabajar en dichos proyectos, pero ha informado que se encuentra interesado en resolver, primero, la situación respecto a la compra de acciones de la Empresa brasileña PETROBRAS por parte de la empresa TEIKOKU OIL CO. LTD.”, por lo que, solicitó a la Cartera de Energía información referida a la situación legal del citado trámite. Otra vez el chantaje, si quieren inversión, primero arreglen la compra a Petrobras.

El peso de la presión al más alto nivel también se hizo sentir sobre el ya sufrido Iván Rodríguez, como se evidencia en la grabación magnetofónica del célebre 13 de diciembre, el Secretario de Estado se queja de que: “el Embajador del Japón me ha llamado toda la semana, por Teikoku, ya le he dicho de todo, no sé que más decir… vino la Viceministra de Energía de Japón, ya estaba medio enojada y me dijo, dígame sí o no, no me haga perder tiempo… tenía toda la razón y estaba enojada”.

Señor Presidente, Señor Procurador, más temprano que tarde, el Ecuador recuperará una justicia medianamente independiente y digna, entonces la verdad brillará por sobre los opacos intereses particulares, y los ecuatorianos podremos juzgar el comportamiento de nuestras autoridades, hasta entonces solo nos resta esperar y no ser cómplices silenciosos. Si luego de conocer esta historia mixturada de tragedia, comedia y horror, el Estado y sus representantes más notorios, no se inmutan, sensibilizan y enmiendan, entonces no nos queda más, que convocar al noble espíritu de la indignación.”

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Written by Nicolás Brito Grandes

26 junio, 2011 a 16:45

Publicado en Atraco Bancario

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