Impugnación a Juan Falconí

Impugnación por falta de “Probidad Notoria” a la candidatura del Dr. Juan Falconí Puig como postulante al cargo de Juez de la Corte Nacional de Justicia.

Presentada ante: Consejo de la Judicatura, sede Guayaquil.

Yo, NICOLÁS BRITO GRANDES, por mis propios derechos, de 49 de edad, de estado civil casado, de profesión electricista, portador de la cédula de ciudadanía número 0907725295, por medio del presente, impugno al señor JUAN FALCONÍ PUIG, candidato a la Corte Nacional de Justicia, por las siguientes razones:

Nuestra sociedad debe resolver los problemas vinculados a la quiebra masiva de los bancos y financieras. Lamentablemente, para el gobierno y para la gran mayoría de periodistas y comunicadores, el ATRACO BANCARIO solamente está relacionado con el Filanbanco en la etapa de su administración privada, lo que demuestra un favoritismo cuasi delictivo de parte del primero y sesgo de los segundos.

Durante la administración estatal del Filanbanco, se utilizó el dinero de los ecuatorianos para beneficiar a personas vinculadas al gobierno a quienes se les compraron sus Certificados de Depósitos –conducta delictiva tipificada como uso fraudulento del dinero público o peculado-  sin descuento. Uno de esos beneficiados, fue el doctor Juan Falconi, en esa época Superintendente de Bancos del presidente Jamil Mahuad, personaje que ahora quiere ser juez de la Corte Nacional de Justicia.

También se utilizó al Filanbanco para dejar en la impunidad la quiebra fraudulenta del banco La Previsora. Se me hace difícil de creer que el gobierno de Rafael Correa Delgado este protegiendo a ciertos funcionarios corruptos, permitiendo que gente como Falconí sea candidata a la Corte.

El 11 de marzo de 1999 el ex Presidente Jamil Mahuad tomó el dinero que millones de ciudadanos habíamos depositado en los bancos y cooperativas, esto causó la quiebra de miles de negocios y la miseria de millones de personas, lo que motivó la mayor emigración forzada vista en la historia mundo.

La Constitución Política vigente, entre las atribuciones que otorga a los congresistas, en el artículo 13 numeral 15, establece la de: Conceder amnistías generales por delitos políticos, e indultos por delitos comunes. En ambos casos, la decisión se justificará cuando medien motivos humanitarios. No se concederá indulto por delitos cometidos contra la administración pública; ni indulto ni amnistía en los casos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.

El 10 de julio del año 2008, se publicó en el Registro Oficial una resolución de la Asamblea Constituyente en la que se concedía la amnistía ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE al abogado Luís Villacís Guillén, que estaba enjuiciado por la fusión del Filanbanco y La Previsora, en el tercer considerando de la Resolución señalaron los asambleístas que Villacís “actuó a nombre de la AGD cumpliendo las decisiones del Directorio de esa entidad. Por ello, la responsabilidad penal es exclusiva de las autoridades de ese entonces, puesto que, en estas decisiones el Gerente no tiene voto o capacidad de resolver personalmente, sólo tiene la obligación de ejecutar lo resuelto por el Directorio”.

Con la fusión se escondieron varías irregularidades en la administración de La Previsora:

• Filanbanco recibió a La Previsora “sin beneficio de inventario”.

• Nunca se determino el Hueco Patrimonial de La Previsora.

• 393,8 hectáreas de terrenos, que en junio de 1996 fueron vendidos a 55 millones de sucres (15.231 dólares), pasaron a ser parte de Fideicomiso REIT (que garantizaba créditos vinculados) a un valor de 44.1 millones de dólares, esto es a 112 mil dólares por cada hectárea de terreno sin infraestructura.

• Hubo piramidación utilizando 340 empresas

La fusión se la realizó porque La Previsora estaba en causal de liquidación forzosa, con esta argucia se esconderían los motivos que la llevaron a esa situación, y por lo que deberían responder sus accionistas, directores y las autoridades que la propiciaron (entre esos, JUAN FALCONÍ PUIG, Superintendente de Bancos de la época); inclusive así lo reconocieron los asambleístas en la resolución al inicio reseñada.

Con la fusión perdieron su dinero unos 14 mil pequeños accionistas que nunca tuvieron acceso a los créditos vinculados y que esperan que alguien les haga justicia.

La Liquidación de La Previsora hubiera costado a la AGD 297.1 millones de dólares, más 103.7 millones de dólares que le había entregado Filanbanco, estos valores se hubieran tenido que cobrar a los accionistas y directores; pero con la genialidad de la fusión estos valores se cargaron a los ecuatorianos quienes los pagamos con un mayor costo de la vida.

Pese a que la voluntad de la Asamblea Constituyente fue que la amnistía proceda “únicamente a favor del abogado Luis Villacís Guillén”, el ahora candidato a la Corte Nacional de Justicia, solicitó a los jueces que manejaban el proceso penal que se le seguía por peculado, que le apliquen “extensivamente” a él la amnistía de Guillén. Cuando los jueces se negaron, el Dr. Falconí concurrió a la Corte Constitucional, para que le hagan extensiva la amnistía a él.

Todos sabemos a quién responde la Corte Constitucional, por ello, no causó sorpresa cuando el ahora candidato salió airoso de su cometido y fue incluido como beneficiario de la Amnistía.

El Dr. Juan Falconi ha aceptado públicamente que fue una de las autoridades “de ese entonces” que propiciaron la fusión, y con esta “extensión”, quedaron libres e impunes todas las personas que con la fusión de La Previsora y Filanbanco se lucraron, a costa de la pérdida del dinero de decenas de miles de pequeños accionistas y de mayor miseria para el Pueblo ecuatoriano.

El fallo, a la medida, de la Corte Constitucional, a partir de una errónea interpretación de los efectos de una resolución de amnistía, terminó por alterar la voluntad de la Asamblea Constituyente, que de manera clara y expresa señaló en su resolución de Amnistía que esta procedía únicamente a favor del abogado Luis Villacís Guillén, según consta en el Registro Oficial que adjunto al presente.

Los abogados dicen que las cosas “se  deshacen como se hacen”, pues es evidente que si la Amnistía la concedió la Asamblea Constituyente, solo ella pudo “extenderla” en beneficio del doctor Falconí, nadie más.

Por ello, considero que el candidato JUAN FALCONÍ no debe ser parte de la Corte Nacional de Justicia, pues se aprovechó de una interpretación ilícita y antojadiza de la Corte Constitucional para librarse de un proceso en el que se lo investigaba por haber causado graves perjuicios a los ahorristas ecuatorianos. Una persona así, NO GOZA DE PROBIDAD NOTORIA para ejercer su cargo en la Corte, y por ello, debe ser impugnada y rechazada su candidatura.

Si necesitan realizar notificaciones, podrán hacerlo en mi dirección en la ciudad de Guayaquil, en la calle Tungurahua 4005 y Nicolás Augusto González, o en mi correo electrónico ……

“Mientras Sea Presidente No Permitiré La Impunidad” eso dijo el señor Presidente de la República el día 10 de agosto del presente año (según recogió Diario El Telégrafo).

Si Juan Falconí es miembro de la Corte Nacional de Justicia, estuviéramos permitiendo la impunidad.

NICOLÁS BRITO GRANDES

CC. 0907725295

Inadmisión de la impugnación

Resuelve Art. 1.- Desestimar e inadmitir a trámite la impugnación del ciudadano Nicolás Brito Grandes por no haber cumplido con los requisitos formales previstos en los artículos 19 y 20 del Instructivo para el Concurso de Meritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la Selección y Designación de Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia, por lo que se la declara improcedente.

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